La Municipalidad de Río Segundo atraviesa una crisis institucional creciente, marcada por la intervención virtual del Ministerio de Gobierno de la Provincia, auditorías quincenales y una rotación constante de funcionarios.
Desde hace semanas, el Ejecutivo local opera bajo un esquema de control provincial, que incluye la supervisión directa de los fondos asignados por el Gobierno de Córdoba, destinados a usos específicos. El intendente no dispone libremente de esos recursos, y cada desembolso es auditado por equipos técnicos que reportan quincenalmente.
En este contexto, se ha intensificado la salida de funcionarios municipales, algunos de ellos fuertemente sospechados. A esto se suma la presentación de una denuncia penal formal por parte del concejal Rodrigo Correa el 6 junio, quien acusa al intendente Lic. Darío Chesta, al secretario de Economía y Gestión Publica Cr. Javier Romero, y al secretario de Obras Públicas y Medio Ambiente Martín Savid, por los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de funcionario Público y Malversación de Caudales Públicos. El clima interno se ha tensado, y se habla de una penitencia política que se traduce en la exclusión del intendente Chesta del armado oficialista.
La confirmación llegó con el cierre de listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde el oficialismo provincial competirá bajo el sello Provincias Unidas, encabezado por Juan Schiaretti, seguido por Carolina Basualdo y Miguel Siciliano. El intendente de Río Segundo no figura en la nómina, lo que refuerza su aislamiento político y debilita su proyección territorial.
La situación pone en juego la presidencia de la Comunidad Regional, espacio estratégico para la articulación de políticas públicas en el departamento. Desde el Ministerio de Gobierno se ha ratificado el compromiso de garantizar transparencia, cumplimiento normativo y responsabilidad institucional, mientras se evalúan nuevas medidas de seguimiento.
Los vecinos de Río Segundo vuelven a ver la misma película: los hechos actuales remiten a episodios ocurridos hace más de 30 años, cuando la ciudad también enfrentó desmanejos administrativos y sospechas de corrupción que marcaron profundamente la gestión municipal. La repetición de patrones genera preocupación y desconfianza, y reactiva una memoria colectiva que asocia a la Municipalidad con ciclos de opacidad y crisis institucional.
Fuente: Día Siete.
