La Cámara Federal revocó el sobreseimiento del exintendente de Laguna Larga y ordenó profundizar la investigación por el presunto lavado del dinero encontrado en una caja de seguridad de la financiera CBI.
La Justicia Federal volvió a poner bajo la lupa al exintendente de Laguna Larga y exfuncionario provincial Fernando Enrique Boldú, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocara su sobreseimiento en la causa por el presunto lavado de 290 mil dólares.
El dinero había sido encontrado en una caja de seguridad vinculada a Boldú dentro de la desaparecida financiera Cordubensis, conocida como CBI.
La resolución fue adoptada por los camaristas Eduardo Ávalos, Liliana Navarro y Graciela Montesi, quienes dejaron sin efecto el sobreseimiento que había sido dictado en junio de 2025 por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Además, el tribunal le ordenó al magistrado imprimir celeridad a la investigación, completar las medidas pendientes y posteriormente emitir un nuevo pronunciamiento.
El hallazgo de los US$ 290 mil
La causa comenzó a partir de un allanamiento realizado en 2014 en la sede de CBI, en Córdoba capital, en el marco de una investigación por asociación ilícita e intermediación financiera.
Durante el procedimiento, la Justicia secuestró dos cajas de seguridad que figuraban alquiladas a nombre de Boldú desde 2011. En una de ellas fueron encontrados 290 mil dólares en efectivo.
El exintendente sostuvo que el dinero provenía de una herencia familiar y presentó documentación relacionada con la sucesión de su padre, fallecido en el año 2000.
Sin embargo, los investigadores pusieron en duda esa explicación y comenzaron a analizar si la documentación presentada habría sido utilizada para otorgarle una apariencia legal al origen de los fondos.
Billetes y documentos bajo sospecha
Uno de los elementos que llamó especialmente la atención de los investigadores fue que entre los 290 mil dólares aparecieron doce billetes de la serie 2006 con numeración correlativa.
Para la fiscalía, este dato resulta llamativo debido a que el origen alegado por Boldú se remontaría al año 2000, cuando falleció su padre.
También se investiga una presentación supuestamente incorporada en 2006 al expediente sucesorio tramitado ante el Juzgado Civil de Río Segundo.
En ese documento se habría informado la existencia de 300 mil dólares como parte de la herencia familiar. La Justicia busca establecer si esa presentación es auténtica o si habría sido incorporada posteriormente para justificar el dinero encontrado en CBI.
Según la acusación, Boldú presentó en 2015 ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos —actual ARCA— el original y una copia de esa documentación para explicar el origen de los fondos.
Por qué había sido sobreseído
El juez Vaca Narvaja había procesado inicialmente a Boldú por presunto lavado de activos.
Sin embargo, en 2025 decidió sobreseerlo luego de que otra causa, tramitada en Buenos Aires y relacionada con supuestos sobreprecios en obras públicas de Villa María, concluyera sin que se acreditaran desvíos de fondos.
El magistrado consideró que, al no haberse probado ese delito precedente, correspondía cerrar la investigación por lavado.
La fiscalía y la Unidad de Información Financiera apelaron esa decisión ante la Cámara Federal.
La Cámara cuestionó el cierre de la investigación
Para los camaristas, el hecho de que se haya debilitado la hipótesis relacionada con las obras públicas no permite descartar automáticamente la existencia de otro posible origen ilícito del dinero.
La Cámara sostuvo que el lavado de activos es un delito autónomo y que puede ser investigado independientemente de la causa que inicialmente se consideraba como delito precedente.
El tribunal también advirtió que todavía existen indicios y medidas de prueba que no fueron agotados, entre ellas un peritaje caligráfico sobre la documentación utilizada para justificar los fondos y un análisis sobre la cronología y numeración de los billetes encontrados.
Los vínculos con la caja de seguridad
La Justicia también deberá determinar por qué Eduardo Accastello aparecía autorizado para acceder a la caja de seguridad, pese a que esta figuraba alquilada a nombre de Boldú.
Otro de los elementos que deberá investigarse es una anotación encontrada en el interior del cofre con la indicación “llamar a Verónica” y un número telefónico que habría pertenecido a Verónica Navarro Alegre, esposa de Accastello.
La Cámara pidió profundizar estos puntos y esclarecer el rol que pudo haber tenido cada una de las personas vinculadas con la caja de seguridad y con el pedido de restitución del dinero.
Boldú continuará imputado
Con la decisión de la Cámara Federal, Fernando Boldú no fue condenado, pero tampoco quedó desvinculado de la causa.
Su sobreseimiento fue revocado y la investigación deberá continuar hasta determinar el verdadero origen de los 290 mil dólares, la autenticidad de la documentación presentada y la posible existencia de una maniobra destinada a darles apariencia de legalidad.
Más de una década después del hallazgo del dinero en CBI, la causa vuelve a colocar al exintendente de Laguna Larga en el centro de una investigación judicial que todavía mantiene abiertos numerosos interrogantes.
Fuente: La Voz del Interior.
